http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/269090&txtlen=1000
En el recientemente publicado concurso, el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, pone nombre y apellidos a la solución que quiere, limitando el número de licitadores a los que tiene una mano (y sobran). La legislacón (y el sentido común) rechazan esta práctica, tan extendida entre las Administraciones Públicas de este país.
No sólo es injusto que opten por una opción concreta en vez de establecer la base tecnológica y funcional de la solución, sino que, además, optan por aquella que menor repercusión en la economía local tiene. No cumple buena parte de las normas básicas de interoperabilidad ni tropecientos estándares. Todo esto sin entrar a valorar si, efectivamente, se trata de la mejor opción tecnológica.
En el Consorcio de Tributos de Tenerife, desde luego, jamás lo sabrán, porque no permiten que empresas que desarrollan otras tecnologías intervengan en el concurso. Se perpetúa por tanto su ignorancia. Se están comiendo su cola. Otras Administraciones (el Servicio Canario de Empleo, el Cabildo de Lanzarote, el Ayto. de Gáldar, el Ayto. de El Rosario, el Ayto. de Candelaria, el Consorcio de Servicios de La Palma y otros) comienzan a romper el círculo vicioso con notable éxito.
…y es que, encima, es una práctica ilegal, señores del Consorcio.